Las políticas económicas implementadas en España para hacer frente a la situación de deterioro y recesión económica.

Puesto que España, al pertenecer a la UE y a la Eurozona, no ha podido aplicar política monetaria alguna para hacer frente a la crisis actual, el Gobierno sólo ha podido hacer uso de la política fiscal. A continuación, paso a mencionar cronológicamente las principales políticas económicas tomadas por el Gobierno desde la segunda mitad de 2007 hasta el día de hoy:
- Junio 2007: El congreso aprueba una nueva Ley de defensa de la competencia, creando La Comisión Nacional de Competencia.
- Abril 2008: El Gobierno aprueba un Plan de medidas de estímulo económico.
- Agosto 2008: El Gobierno pone en marcha un programa de 24 reformas económicas para 2008 y 2009.
- Octubre 2008: El Gobierno español anuncia la creación de un fondo para la compra de activos financieros a las entidades de crédito hasta y máximo de 50.000 millones de euros y eleva la garantía de los depósitos e inversiones a 100.000 euros. Además, el Gobierno autoriza el otorgamiento de avales del Estado hasta 100.000 millones de euros en 2008 a operaciones de financiación nuevas de las entidades financieras, con posible ampliación a 2009.
- Noviembre 2008: El Gobierno anuncia un plan de inversión pública de 8.000 millones de euros en obras municipales y de 3.000 millones en diversos sectores y ámbitos de la economía.
- Marzo 2009: El Gobierno anuncia medidas para facilitar la financiación del circulante de las empresas medianas y para reactivar el empleo y paliar los efectos del paro. Además, el Gobierno aprueba un conjunto de medidas para impulsar la actividad: reforma de la ley concursal, reactivación de los seguros de crédito y transposición de la Directiva de Servicios comunitaria.
- Mayo 2009: El Gobierno anuncia nuevas medidas de política económica: eliminación parcial de la deducción fiscal por la compra de la vivienda habitual a partir de 2011, ayudas para la compra de automóvil, reducción de la fiscalidad para algunas pymes y autónomos, etc.
- Junio 2009: El Gobierno aumenta los impuestos que gravan el tabaco, la gasolina y el gasóleo de automoción. Además, el Gobierno crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
- Septiembre 2009: El Gobierno aprueba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010, que elimina la deducción de 400 euros en el IRPF, sube el tipo de gravamen sobre las rentas de capital y eleva los tipos general y reducido del IVA a partir de julio de 2010.
- Noviembre 2009: El Gobierno presenta el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.
- Enero 2010: El Gobierno aprueba un plan de austeridad en el gasto público y plantea alargar la edad de jubilación a los 67 años.
- Abril de 2010: El Gobierno presenta el Plan extraordinario de Infraestructuras que movilizará 17.000 millones de euros en los próximos dos años. Además aprueba un nuevo paquete de medidas para impulsar la actividad económica y un nuevo plan de reformas del mercado laboral para su discusión en el marco del diálogo social.
- Mayo 2010: El Gobierno aprueba un Decreto-ley por el que se adoptan medidas extraordinarias para adelantar la reducción prevista del déficit público. Será convalidado al mes siguiente.
- Julio 2010: Aumenta el tipo de gravamen del IVA general, del 16% al 18%, y del reducido, del 7% al 8%. Además el Gobierno aprueba la reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros.
- Septiembre 2010: El Congreso de los Diputados aprueba la reforma laboral. Además, el Gobierno aprueba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011, que supone un intenso ajuste destinado a reducir el déficit público. Se produce una huelga general en contra de la reforma laboral.
- Diciembre 2010: El Gobierno aprueba un paquete de medidas de política económica que incluye, entre otras la privatización parcial de las Loterías y Apuestas del Estado y de la sociedad estatal AENA, así como el aumento de la fiscalidad sobre el tabaco.
- Febrero 2011: El Gobierno aprueba un Decreto-ley que refuerza la solvencia de las entidades de crédito.
Debido a que prefiero no excederme demasiado, valoraré y criticaré las medidas que, a mi juicio, son más relevantes y controvertidas.
Plan de medidas de estímulo económico. Abril 2008.
Se trató de la primera medida que se tomó a raíz del reconocimiento de la crisis por parte del Gobierno. Esas medidas inyectarían diez mil millones de euros a familias y empresas. Incluirían también una rebaja de impuestos a través de una nueva deducción de cuatrocientos euros en el IRPF, la eliminación del gravamen en el Impuesto sobre el Patrimonio, un estímulo a la financiación de vivienda protegida, un refuerzo de la actividad en construcción, mayores facilidades para la recolocación de trabajadores desempleados y una atracción de la inversión extranjera.
Todas estas medidas son positivas, pero tardías, empezando a marcar una de las pautas seguidas por el Gobierno a la hora de encarar la crisis: el hecho de no tomar las medidas necesarias en cada momento. Y resulta muy obvia también otra de las pautas seguidas, como es el hecho de salvaguardar sus espaldas electoralmente hablando.
Estas medidas, además, resultaron insuficientes (como en su momento cabía esperar) a la luz de los acontecimientos de los siguientes meses, pues la situación económica continuó deteriorándose a un ritmo cada vez mayor. Las cifras invertidas en estas primeras medidas parecen ridículas en comparación con la inversión real que se hubiese requerido en ese momento.
Creación de un fondo para la compra de activos financieros. Octubre 2008.
El Gobierno anunció la creación del FAAF (Fondo para la adquisición de activos financieros) dotándolo inicialmente de treinta mil millones de euros ampliables a cincuenta mil millones, para la compra de activos financieros de máxima calidad. Esto respondía a la escasez de financiación interbancaria en los mercados de capitales. Hacen hincapié en que éste surge como respuesta a un fallo de mercado, y no como medida de rescate para ninguna entidad bancaria. El FAAF se financiará a través de emisión Deuda pública.
Si el problema de la escasez de financiación interbancaria hubiese sido el de la falta de liquidez, que es lo que presuponía la opinión pública y el Gobierno, esta medida hubiese sido positiva. Pero este no fue el caso, puesto que se trataba de un problema de confianza, debido a la proliferación de las hipotecas basura y a la consiguiente reticencia de los bancos a “prestarse” dinero entre ellos. Es decir, otro error más por parte del Gobierno, porque si lo que era necesario era una mayor liquidez en las empresas (sobretodo Pymes) y en las familias, el Gobierno debería de haber reforzado al Instituto de Crédito Oficial (ICO), por ejemplo, ya que de esta forma hubiese apoyado de una manera mucho más efectiva y sobretodo eficiente (no hay banco de por medio) a las empresas y familias.
Cabe recalcar que el resultado no fue una mayor liquidez, y que, por tanto, la situación continuó empeorando.
Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo: Plan E. Noviembre 2008.
En líneas generales se pretendía la creación de tres cientos mil puestos de trabajo y la reactivación de la actividad económica. De los once mil millones de euros asignados al Plan, ocho mil millones irían destinados a las administraciones locales (Fondo Extraordinario de Inversión Pública en el ámbito local). En función de la mayor o menor población de cada municipio, se le adjudicaría más o menos dinero. También fue muy beneficiado el sector del automóvil, con ochocientos millones de euros. El Gobierno español presumía de ir en cabeza de todos los países de la UE en cuanto a incremento deliberado del déficit público se refiere. Resulta curioso que se jactara de ello en aquel momento cuando hoy día, en Marzo de 2011, luche fervientemente para reducir ese déficit mediante la Ley de Estabilidad española.
Me gustaría resaltar un punto muy a tener en cuenta, y es que la política fiscal sólo funciona correctamente si logra incrementar el consumo de los particulares. Caso contrario, el gasto del Estado se agota en sí mismo y su efecto acaba disipándose sin otra conclusión que agravar el déficit público, y la correspondiente financiación desviaría ahorro de la inversión privada productiva. Obviamente, resulta conveniente que este gasto del Estado se dedique a algún tipo de inversión que pueda mejorar la productividad de la economía. Al parecer, ninguna de estas dos condiciones se tuvo en cuenta cuando se puso en marcha el Plan E.
Esto es muy relevante a la hora de hacer un juicio sobre el resto de las medidas del Plan E, como la ayuda de a los parados que hubiesen agotado todos sus subsidios, la moratoria temporal de hipotecas, el apoyo a las Pymes liberando recursos a favor de las empresas por un importe total de diecisiete mil millones de euros y mejorar el crédito a estas, además de las medidas destinadas a (nuevamente) proporcionar mayor liquidez al sistema financiero.
Ninguna de estas medidas impidió que disminuyese en los siguientes meses el consumo de los particulares. Los consumidores tenían unas expectativas tales como la menor renta, la menor riqueza y la mayor carga tributaria, que lógicamente desencadenó en un mayor ahorro en detrimento del consumo.
Finalmente, los cortos efectos del Plan E sobre el empleo y la actividad se difuminaron tan rápido como habían llegado, dejando, eso sí, una deuda y un déficit bastante considerables.
Existen otros puntos que rechinan dentro de este Plan E, como los carteles promocionales de este plan, para los que se destinaron cuarenta y seis millones de euros. Cada cartel costaba mil quinientos euros, y en ocasiones esta cuantía excedía el valor (o se acercaba) de lo que costaba la obra en sí que publicitaba. Esta es otra muestra de la poca seriedad del Gobierno en esta materia, reforzada además por el hecho de que la gran mayoría de los puestos de empleo creados mediante este plan son sólo empleos de una marcada temporalidad, que sólo maquilla temporalmente las cifras del paro.
Mencionar también que este plan incluía medidas ya vigentes, o simplemente las renombraba. Es decir, aportar las mismas ideas, nada nuevo.
Por último, mencionar así mismo la polémica en torno a la ayuda a los parados sin subsidios. Inicialmente se fijó una fecha (los seis meses anteriores). Más tarde, debido a las quejas, se amplió ese rango algo más, para al cabo de un tiempo volver a ampliar a enero de ese año. Como se puede observar, todo fruto de la improvisación, otra de las pautas seguidas por este Gobierno a la hora de encarar la crisis.
Aumento de los impuestos gravan el tabaco, la gasolina y el gasóleo de automoción. El Gobierno crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Junio 2009.
El incremento de las tasas en hidrocarburos fue de 2,9 céntimos por litro, tanto para la gasolina y el gasóleo. La ministra señaló que no afectaría a los usos profesionales, que se racionalizaría el consumo fomentando la eficiencia energética y reduciría las emisiones de CO2.
De entrada, resulta cuanto menos chocante el hecho de que el Gobierno anuncie estas medidas en el sentido de que es bueno para el medioambiente, cuando el trasfondo real de estas medidas no fue otro que el hecho de recaudar más por parte del Estado. Y hay algo más chocante aún, y es el hecho de que el Ministerio de Economía no entienda que al aumentar este tipo de impuestos, lo que hace realmente es ralentizar la recuperación de la economía española, puesto que aumenta los gastos en los balances de las empresas y en consecuencia ahogándolas un poco más si cabe. Me gustaría remontarme al futuro, si se me permite en este apartado, y mencionar la medida que se tomo a principios de 2011 relativa a reducir la velocidad máxima en autovías a ciento diez kilómetros/hora. No fue más que otra forma de reducir la productividad de la economía española, puesto que aumentará el tiempo promedio que tarde un sujeto en ir a otro lugar. Llevado esto a la economía, esto significará un mayor tiempo en las entregas y un aumento de los costes.
Sobre el aumento en los impuestos del tabaco por supuesto que cabe mencionar en efecto positivo en la salud de los españoles, pero no nos engañemos, lo que realmente se buscaba era un efecto positivo en la “salud” de las arcas públicas vía ingresos.
Mediante el FROB, el Gobierno buscaba crear confianza en el sistema financiero frente a los problemas que pudieran surgir. Cuenta con una aportación inicial de 9.000 millones, aunque puede endeudarse en otros 90.000 millones. Sus principales objetivos serían gestionar los procesos de reestructuración de entidades de crédito y contribuir a reforzar sus recursos propios en los procesos de integración.
Desde un primer momento, el FROB ha sido objeto de las críticas de la UE desde su implantación hasta la actualidad. Al principio, la UE criticó si esta ayuda entra dentro los límites del Estado. Debido a esto, meses más tarde el Gobierno envió a Bruselas un informe donde detallaba que esas ayudas estarían limitadas en su cuantía y en el tiempo. Esto forzó la reestructuración y fusiones de las cajas con una mayor celeridad, y lógicamente muchas de estas reestructuraciones no se hicieron de la mejor manera posible. Es por ello que la Asociación de la Banca Española afirmase hace unos días que inyectar capital público sin que la entidad se reestructure en el sentido profundo de la palabra es uno de los principales peligros, y alarmando de la posible creación de entidades zombis. A esto “ayuda” también el hecho de que el FROB cobra unos intereses anuales del 7.75%.
Esta vez, el Gobierno ataca al verdadero problema en las relaciones interbancarias: la confianza. Por ello merece mi valoración positiva, así como por el objetivo de lograr una mayor eficiencia dentro de las cajas españolas. Pero volviendo a mi anterior crítica páginas atrás, el Gobierno sigue sin atender al mayor problema de la economía actual: la falta de crédito por parte de las Pymes y familias. El FROB no mejora eso, puesto que no asegura una mayor liquidez por parte de las entidades bancarias a sus clientes.
Siguientes medidas tomadas por el Gobierno.
A modo de resumen, destacaré las demás medidas relevantes tomadas por el Gobierno en 2010.
Cabe destacar el empeño del Gobierno en ese año a la hora de reducir el déficit público y el gasto público, en orden a cumplir con la estabilidad presupuestaria para reducir el déficit al 3% en 2013.
De nuevo, otra muestra de la poca seriedad que ha tenido el Gobierno a la hora de encarar la crisis, poniéndose manos a la obra a reducir el déficit público cuando ya no había otra salida que esa, puesto que de lo contrario la situación corría mucho peligro.
Mencionar también que las exigencias de la UE no han hecho más que empeorar la ya de por sí pobre situación de la economía española, con exigencias como la de la estabilidad presupuestaria.
Los aumentos del IVA general y reducido fueron otro error gravísimo por parte del Gobierno. Se le vendió al público que esa medida no afectaría apenas al consumo, y que se recaudaría más. En este caso se nos reconoció que era una medida cuyo objetivo era claramente hacer caja, pero a un coste demasiado alto: reducir (de nuevo) el consumo de los españoles. Cualquier economista decente sabría que esa medida, no sólo no iba a aumentar los ingresos del Estado, sino que además reduciría considerablemente el consumo de los particulares, puesto que al aumentar la carga tributaria de los productos se reduce la renta disponible y en consecuencia la propensión marginal a consumir desciende.
Respecto a la reforma laboral tomada por el Gobierno, cabe resaltar que la tomó sin el apoyo de los empresarios, sindicatos, expertos sociales y grupos políticos. Ni las causas del despido objetivo ni la negociación colectiva fueron modificadas en profundidad. Es por ello que se trata más de una reforma leve, electoralista y de cara al público, pero no resuelve los problemas actuales del mercado laboral español.